El Gobierno define la Protección Civil como instrumento de política de seguridad nacional
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el nuevo texto se "adaptada a las nuevas demandas de las sociedad española"
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil en el que se define por primera vez el concepto de proyección civil como un "instrumento de la política de seguridad nacional" y como un "servicio público que protege a las personas y bienes".
Así se recoge en el texto aprobado por el Ejecutivo que añade que este mecanismo debe garantizar una "respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada".
El nuevo marco reforzará los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes y posibilitará el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea.
El anteproyecto, presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pretende afrontar de la manera "más rápida y eficaz" las situaciones de emergencia que puedan producirse, en beneficio de los afectados y en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial.
El texto actualiza el ordenamiento jurídico en esta materia, a la luz de la Ley 2/1985 de Protección Civil, teniendo en cuenta el desarrollo de esta por otras normas estatales, autonómicas y de la Unión Europea y de los compromisos asumidos por España en cooperación internacional, respetando en todo caso las competencias asumidas por las comunidades autónomas y las entidades locales.
El anteproyecto consta de 49 artículos estructurados en seis títulos y especifica que el objeto de la ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como un "instrumento esencial" para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia.
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
En todo caso, el texto mantiene a la Comisión Nacional de Protección Civil como órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto de autonomía y de la administración local, representada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La iniciativa incorpora un régimen sancionador completo en esta materia, con el listado de infracciones, que podrán ser muy graves, graves o leves, y las consiguientes sanciones, aunque mantiene sin variaciones la cuantía de las sanciones establecida en la ley de 1985. Estas son: de 30.001 a 600.000 euros para infracciones muy graves; de 1.501 a 30.000 euros para las infracciones graves y hasta 1.500 euros para las leves.
En cuanto al impacto económico general de las emergencias y catástrofes, el texto estima que asciende a unos 400 millones de euros, según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros. Finalmente, el ministro ha subrayado que España es un país que "no sufre comparativamente grandes pérdidas económicas por causa de las emergencias y catástrofes", algo que ha achacado a las políticas preventivas que se llevan a cabo desde hace "muchos años".
Finalmente, el Gobierno ha defendido que la gestión racional de los riesgos de emergencias y catástrofes que establece esta Ley contribuirá a la innovación permanente, lo que redundará en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y privados.
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